Alaska Airlines quedó bajo escrutinio luego de que fiscales del estado de Alaska decidieran no continuar con casos penales que eran considerados viables, ante el temor de que empleados de la aerolínea pudieran sufrir represalias laborales si declaraban como testigos. El estado de Alaska considera al aeropuerto de Anchorage, uno de los principales puntos de entrada de pasajeros y carga, como una infraestructura clave para el control del ingreso de bienes y personas.
De acuerdo con Aviation A2Z, la situación fue expuesta públicamente por el fiscal general de Alaska, Stephen Cox, quien envió una carta el 30 de diciembre de 2025 al director ejecutivo de Alaska Airlines, Ben Minicucci. En el documento, Cox señaló que fiscales estatales han optado por no avanzar en procesos judiciales debido al riesgo percibido para empleados de la compañía que cooperen con las autoridades.
El fiscal general enmarcó el problema dentro de lo que describió como una crisis sin precedentes de seguridad pública y salud, vinculada al ingreso de narcóticos ilegales al estado. Según indicó, agencias de seguridad le informaron que la aerolínea habría adoptado políticas internas que desalientan activamente la cooperación de sus empleados con las fuerzas del orden, salvo que exista un proceso legal formal como una citación judicial.
Cox sostuvo que, si bien es fundamental respetar la privacidad, el debido proceso y los derechos individuales, el sistema de transporte de Alaska, en especial la aviación comercial, cumple un rol inevitable en el movimiento de personas y mercancías. Advirtió que cuando los empleados observan conductas sospechosas o peligrosas, las políticas que inhiben la cooperación de buena fe pueden terminar protegiendo actividades criminales de forma involuntaria.
En su carta, el fiscal general también señaló una inconsistencia en las directrices internas de la aerolínea. Explicó que el código de conducta de Alaska Airlines alienta a los trabajadores a informar a las autoridades sobre casos de acoso o posibles violaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo parecería limitar la colaboración cuando las solicitudes están relacionadas con investigaciones penales.
Uno de los principales detonantes del reclamo fue la difusión de un afiche interno filtrado, que fue exhibido en varios aeropuertos y posteriormente publicado en redes sociales por un empleado de la compañía. El cartel indicaba a los trabajadores que no entregaran información de pasajeros a autoridades y que solicitaran una orden judicial o citación antes de colaborar, instruyendo además a informar de inmediato a un supervisor.
La señalización, aunque alineada con principios básicos de protección de datos y cumplimiento legal, generó una fuerte reacción pública. Algunos sectores acusaron a la aerolínea de obstaculizar investigaciones federales, lo que derivó incluso en llamados a revisar o retirar fondos públicos destinados a la empresa.
Ante la controversia, Alaska Airlines afirmó que el afiche fue distribuido sin autorización de la casa matriz y que no representa cambios en sus políticas históricas. La compañía aseguró que mantiene su compromiso de cooperación con autoridades locales, estatales y federales, y que no ha implementado normas destinadas a desalentar la colaboración legal. También indicó que sus empleados reciben capacitación para interactuar con fuerzas del orden conforme a la ley y a las directrices corporativas.
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