La aerolínea española de largo radio Plus Ultra Líneas Aéreas volvió a quedar bajo investigación judicial tras acusaciones de que un rescate estatal de 53 millones de euros, otorgado en 2021, habría sido utilizado para lavar fondos ilícitos vinculados a entidades venezolanas. El caso tomó mayor relevancia en diciembre de 2025, cuando la policía española detuvo al propietario y director ejecutivo de la compañía y realizó allanamientos en sus oficinas de Madrid.
Según informa AEROIN, la investigación se centra en el presunto uso de recursos provenientes del FASEE, el fondo de apoyo estratégico del Estado español, creado para respaldar a empresas consideradas estratégicas durante la pandemia. Las autoridades sostienen que, tras recibir el rescate, la aerolínea habría utilizado parte de esos fondos públicos para cancelar préstamos asociados a entidades venezolanas bajo sospecha de lavado de dinero.
Los investigadores analizan transferencias rápidas a cuentas en Francia y Suiza, que habrían sido diseñadas para ocultar el origen de fondos desviados, utilizando el dinero del rescate estatal como mecanismo para darles apariencia de legalidad. Estas operaciones habrían ocurrido poco después de la liberación de los recursos públicos.
Las detenciones representan un avance relevante en un caso que ya había generado atención política y judicial en años anteriores. En 2021, una investigación independiente evaluó si el rescate había sido concedido de manera indebida, considerando dudas sobre la viabilidad financiera y la importancia estratégica de la aerolínea. Ese proceso fue archivado luego de que un juez no encontrara indicios iniciales de fraude, soborno o irregularidades administrativas.
La investigación actual es distinta y se enfoca exclusivamente en el uso de los fondos tras su recepción, no en la decisión de otorgar el rescate. El caso también reactivó el debate sobre una posible influencia política, tras reportes de reuniones entre altos funcionarios del gobierno y representantes de la aerolínea antes de la aprobación de la ayuda estatal.
Las autoridades españolas indicaron que el caso sigue en curso y que se espera la divulgación de nuevos antecedentes sobre el funcionamiento del presunto esquema de transferencias financieras en las próximas etapas de la investigación.
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