Días antes de que entraran en vigor los recortes obligatorios de vuelos en Estados Unidos, varios ejecutivos de aerolíneas plantearon dudas en privado sobre si los datos de seguridad justificaban la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de reducir en 10% las operaciones en 40 aeropuertos del país.
Según recoge Aviation Pros, en una llamada del 5 de noviembre con el administrador de la FAA, Bryan Bedford, algunos directivos preguntaron si la agencia estaba detectando riesgos que las aerolíneas no hubieran identificado. Bedford, exejecutivo del sector aéreo, respondió que la medida era decisión exclusiva de la FAA, que no era negociable y que las compañías debían acatarla.
Tras la orden, las restricciones se sumaron al mal tiempo y a otras limitaciones del sistema, provocando la cancelación de miles de vuelos en cuestión de días. El impacto se mantiene incluso después de que el Senado aprobara una medida temporal para poner fin al cierre de gobierno de 41 días, ya que no está claro cuán rápido se normalizarán las operaciones.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha señalado que el gobierno no revertirá el recorte de vuelos hasta que los controladores aéreos, que han dejado de presentarse en algunos centros por falta de pago, regresen a sus puestos. Desde el inicio del cierre, más de 5 millones de pasajeros se han visto afectados, de acuerdo con Airlines for America, que agrupa a las principales aerolíneas.
En la llamada, el CEO de Alaska Air Group, Ben Minicucci, fue uno de los más insistentes en pedir más información para justificar los recortes, según las fuentes citadas. Las medidas han resultado especialmente difíciles de absorber para aerolíneas más pequeñas, con menos margen para reorganizar sus redes, mientras que muchas de las restricciones han golpeado vuelos regionales y rutas consideradas menos prioritarias.
Varios ejecutivos, sin embargo, ya observaban más interrupciones vinculadas a la falta de controladores y reconocían que los riesgos de seguridad habían aumentado, especialmente después de incidentes graves ocurridos a principios de año, como la colisión en el aire entre un avión regional de American Airlines y un helicóptero del Ejército de EE. UU. cerca de Washington.
En el plano político, los directivos han sido cautelosos, conscientes de que criticar abiertamente una directiva del presidente podría desencadenar presión desde la Casa Blanca. Alaska Air confirmó su participación en la llamada, pero rechazó la manera en que se describieron sus comentarios y remitió al comunicado de Airlines for America, que respaldó la prioridad de la FAA en materia de seguridad.
El Departamento de Transporte sostuvo que la seguridad no es un asunto sujeto a negociación y que confía en el equipo técnico de la FAA para tomar decisiones en favor del público. La agencia ordenó a las aerolíneas reducir en 10% sus vuelos domésticos antes del viernes, con el argumento de aliviar la carga sobre los controladores en un contexto de ausencias crecientes.
Las carencias de personal han provocado demoras en aeropuertos clave como los que sirven a Nueva York, Washington, Dallas y Atlanta. Los defensores de la medida elogian la rapidez de la FAA y del Departamento de Transporte para reaccionar ante un problema de seguridad en aumento, mientras que los críticos cuestionan que no se hayan divulgado los datos que sustentan el recorte y temen que también exista un componente de presión política para forzar un acuerdo presupuestario.
Según las fuentes citadas, las aerolíneas no han recibido detalles completos de la evaluación de riesgos realizada por la FAA. Por su parte, responsables de la NTSB, incluida su presidenta Jennifer Homendy, aplaudieron la reducción de vuelos durante el cierre y calificaron la decisión como un ejemplo de gestión de la seguridad en el sistema de aviación estadounidense.
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