La huelga convocada el 1 de julio por el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA) en Airbus España se amplió a nuevos centros y sumó el respaldo de UGT FICA, elevando la presión sobre la negociación con la dirección de la compañía. El paro, previsto inicialmente hasta el 31 de julio, comenzó en Getafe (el tercer mayor centro de Airbus en el mundo) y alcanzó plantas estratégicas como Airbus Helicopters Albacete. Las reivindicaciones de SIPA apuntan a incrementos salariales que considera inferiores a la inflación, un control más estricto de asistencia, cambios en las condiciones de teletrabajo, la obligación de aumentar la presencia física del personal de oficina y modificaciones en beneficios sociales. UGT, CGT, ATP-SAE y UTIL se sumaron progresivamente. CCOO de Industria no participa, pero advirtió que podría convocar huelga indefinida desde el 7 de septiembre si no hay acuerdos.
De acuerdo con Aviación Digital, el 10 de julio la sección estatal de UGT FICA llamó a acudir masivamente a las puertas de todos los centros y exigió el desbloqueo inmediato de las negociaciones, salarios vinculados al IPC y el mantenimiento del teletrabajo vigente. El sindicato subraya que Airbus cerró 2025 con un beneficio neto consolidado de 5.221 millones de euros, un 23% más que los 4.232 millones de 2024. Ese mismo 10 de julio la empresa se declaró «abierta al diálogo» y reconoció en un breve comunicado que la huelga tenía impacto sobre empleados, operaciones y clientes, sin entregar cifras de seguimiento, producción detenida ni entregas afectadas. Airbus emplea a más de 14.000 personas en ocho emplazamientos de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, y mantiene para 2026 un objetivo aproximado de 870 entregas de aviones comerciales, condicionado a que no haya nuevas perturbaciones en la cadena de suministro, el comercio internacional o sus operaciones internas. Al 12 de julio, la prolongación del conflicto seguía siendo un riesgo y no un impacto confirmado.
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