Spirit Airlines, que cesó operaciones el 2 de mayo de 2026 en el marco de su segundo proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 en dos años, acumula reclamaciones de pago que ya superan los 887.000 dólares solo entre consultores, abogados y bancos de inversión que prestaron servicios en los últimos días de la aerolínea. Alton Aviation Consultancy LLC y AlixPartners LLC solicitaron conjuntamente 224.000 dólares correspondientes a servicios prestados del 1 al 30 de abril, según documentos registrados en el docket del proceso. Dos firmas de abogacía y un banco de inversión suman otros 663.000 dólares adicionales, según reportó A21. El condado de Broward, donde Spirit tenía su sede, exige a su vez más de 3 millones de dólares en rentas y tarifas posteriores a la presentación de quiebra, y las autoridades locales ya propusieron adquirir el centro de mando de la aerolínea para convertirlo en un hub gubernamental.
El detonante final del cierre fue el alza en el precio del combustible derivada de la guerra en Medio Oriente, que operó como el elemento definitivo de un proceso que se había iniciado en agosto de 2025. Días después del cierre, Spirit solicitó a un tribunal federal la aprobación para pagar 10,7 millones de dólares en bonos de retención a empleados clave en áreas financieras, legales, técnicas, operativas y de gestión de activos. Sin embargo, la aprobación de esos recursos sigue sin resolverse.
Los miles de empleados de la aerolínea permanecen en incertidumbre tres semanas después del cierre. Mauricio Valencia, sobrecargo de Spirit durante los últimos cinco años, declaró a CBS: “Primero dijeron que no nos iban a pagar, luego dijeron que sí nos iban a pagar y después dijeron que no sabían”. La quiebra de Spirit, la segunda aerolínea de ultralow cost más grande de Estados Unidos, representa una de las liquidaciones más complejas en la historia reciente de la aviación norteamericana.
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