En un análisis publicado por la firma legal Vedder, la socia Helen Biggin advierte que los arrendadores de aviones de carga deben estar preparados para actuar con rapidez si un operador entra en dificultades, especialmente en un contexto donde la creación de zonas de exclusión aérea en el Medio Oriente aumenta los tiempos de vuelo, el consumo de combustible y los costos en toda la cadena de carga. Entre los aspectos clave: monitorear de cerca la salud financiera del operador usando derechos de inspección, tener una estrategia de reposesión definida antes de que comience cualquier proceso de insolvencia, y asegurarse de contar con los registros técnicos de la aeronave, que en el caso de los cargueros deben incluir cualquier conversión de avión de pasajeros a carguero.
Air Cargo News publicó el análisis que también detalla las complejidades legales según la Convención de Ciudad del Cabo (CTC): bajo la Alternativa A, una aerolínea insolvente tiene 60 días para subsanar todos los incumplimientos o devolver la aeronave. Si no cumple, el arrendador puede ejercer su IDERA y solicitar la desregistración y exportación de la aeronave. El artículo advierte que los registros incompletos pueden impedir la remoción de un avión de una jurisdicción, afectar su valor y retrasar su rearrendamiento.
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